La actual legislación prevé la responsabilidad penal de empresas (y del resto de personas jurídicas) por actuaciones realizadas en el seno de la organización. Las penas a las que se puede enfrentar la empresa van desde elevadas multas hasta la propia disolución de la entidad por imposición judicial.
En GÓMEZ GARRIDO ABOGADOS, con el objetivo de evitar estas repercusiones o minimizarlas lo máximo posible, ofrecemos un servicio especializado que consiste en: