La legislación actual establece que las empresas y otras personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por acciones realizadas dentro de la organización, con la consiguiente responsabilidad de sus directivos, que pueden enfrentarse a sanciones que van desde multas significativas hasta la disolución judicial de la entidad. Sin embargo, el propio legislador estableció en 2015 la posibilidad de que contar con un plan de prevención pudiera considerarse una eximente.
Ofrecemos un servicio especializado para evitar o minimizar estas repercusiones. Nuestro enfoque incluye: