Victoria Ortega, nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía

La letrada palentina, que ostentaba hasta ahora el puesto de secretaria general de la Abogacía Española, obtiene el 56,62% de los votos y se convierte en la primera mujer en presidir este organismo.

Victoria Ortega Benito fue elegida ayer nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y se convirtió así en la primera mujer en ocupar este puesto. La letrada, que fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria y que hasta diciembre de 2015 ocupó el puesto de secretaria general del CGAE, obtuvo 47 votos (56,62%) de los 83 emitidos por el conjunto de decanos nacionales, frente a los 21 (25,3%) logrados por el segundo más votado, Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga.

Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, y Pere Lluis Huguet, decano del Colegio de Abogados de Reus, obtuvieron cada uno 7 votos (8,43%). La candidata Vanessa González, del Colegio de Abogados de Barcelona, no consiguió ningún voto.

La nueva presidenta del Consejo siguió atentamente el escrutinio de pie, en la última fila del auditorio del CGAE, y dejó entrever cierto nerviosismo durante los primeros compases del recuento. Sin embargo, desde que se desveló el contenido de las primeras papeletas, se percibió que la batalla por la presidencia del CGAE se libraría entre ella y Lara. A mitad del escrutinio, Ortega ya contaba con 23 votos, frente a los 15 del andaluz.

El nerviosismo y la seriedad de la abogada llegó a su fin a falta de que se sacaran de la urna los últimos 14 votos. La diferencia entre ella y el decano de Málaga era infranqueable, lo que le otorgaba la presidencia del CGAE y le convertía en la primera mujer en ocupar este puesto.

Una vez concluido el acto de recuento de votos, una ovación cerrada de todos los decanos saludó a la nueva presidenta del organismo, aplausos a los que Ortega respondió con un emocionado, simple y directo, “muchas gracias a todos”. Tras firmar el acta, como hicieron el resto de candidatos, el Pleno quedó suspendido. En esta reunión, que se reanudará el jueves 28 de enero, se llevará a cabo la toma de posesión oficial y Carlos Carnicer le cederá el puesto que ha ocupado en los últimos quince años a su sucesora.
Objetivos

Para la nueva presidenta del CGAE, el papel de la institución que representará en los próximos cinco años debe pasar por “la promoción de la imagen del colectivo, a fin de mejorar la valoración y percepción positiva por parte de la sociedad”. De este modo, espera “conseguir una mayor relevancia social e institucional, ampliar y defender nuestras competencias profesionales que salvaguardan los derechos e intereses de los ciudadanos”. Ortega considera, además, que deben “conseguir también que ser abogado sea sinónimo de garantía, prestigio y excelencia”.

Por otro lado, la letrada cree que es necesario lograr “que los grupos parlamentarios y gobiernos sientan la necesidad de contar con la Abogacía, porque además de unida, tiene la fuerza suficiente para influir directamente en la elaboración y aplicación de las leyes”.

Ortega también señala que para que la Abogacía cuente en los proyectos legislativos, pretende crear “una oficina de representación y negociación institucional que, bajo la dirección de un consejero directamente vinculado a presidencia, siga aquellas acciones del Gobierno que puedan afectar a la Abogacía. Esta oficina de representación debe conseguir que el Gobierno y los grupos parlamentarios compartan nuestras sensibilidades y que aprecien la necesidad de contar con la Abogacía”.

La nueva presidenta del CGAE también es partidaria de “liderar un Pacto de Estado por la Justicia para ponerlo a disposición de las fuerzas políticas y sociales al objeto de que tras el correspondiente consenso se llegue a un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un Estado social y democrático de Derecho”.

En cuanto al Consejo General de la A bogacía, Ortega propone reestructurar su organización “para posibilitar el ejercicio de sus funciones con la mayor eficacia, eficiencia y trasparencia, promoviendo, además, la igualdad de oportunidades y las relaciones entre todos los colegios y consejos autonómicos”. Por otra parte, considera que “debe seguir, a través de su Fundación, actuando en defensa de los derechos humanos y el Consejo tiene que afrontar un debate sereno sobre cómo continuar con el avance tecnológico y definir una estrategia de proyectos fiable y continuada en la delegación de Bruselas”.

Fuente:expansion.com
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/01/14/5697783be2704e25368b457f.html