La Justicia investiga en Logroño a funcionarios del Catastro por supuesto lucro con información privilegiada

La familia expropietaria de varias fincas de suelo rústico en la localidad de Nalda, subastadas por Hacienda tras un embargo, ha presentado una querella contra la jefa del Catastro de Rústico y otros empleados del mismo departamento por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. La querella, que suscribe S.G.V., ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 1 de Logroño, que ha abierto diligencias previas al presumir «la posible existencia de delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios».

La demanda se dirige contra I. M. B., jefa de área del Catastro de Rústico; J. M. M. A., técnico del mismo organismo y casado con la primera; y T. S. M. y M. A. B., también funcionarios del catastro cuando sucedieron los hechos denunciados, así como contra J. S. P., profesor de la Universidad de La Rioja y especialista en valoraciones de suelo, a quienes acusa de servirse de información privilegiada para obtener un beneficio personal. En total, la adquisición en subasta pública de terrenos suma, de forma conjunta, casi 50.000 metros cuadrados adquiridos por poco más de 140.000 euros, es decir, a tres euros el metro cuadrado y muy por debajo de la valoración real de mercado. Los hechos se remontan a septiembre del año 2013, cuando la Delegación de la Agencia de la Administración Tributaria de La Rioja (AEAT) sacó a subasta 40 lotes compuestos por numerosas fincas e inmuebles procedentes de un embargo judicial.

La familia ahora denunciante era propietaria de la antigua licorera Destilerías San Fermín y sus bienes, después de ser condenados por la comisión de un delito fiscal, fueron embargados. La AEAT había declarado desierta una primera subasta y, a la segunda, fueron adjudicadas numerosas fincas e inmuebles al mejor postor, entre ellos varios lotes de fincas rústicas a los funcionarios que se detallan en las imágenes adjuntas.

Precios muy bajos

Según reconocen los letrados de los acusados, el precio pagado por los terrenos rondó los 3 euros por metro cuadrado, cuando unas fincas colindantes que fueron expropiadas por Demarcación de Carreteras para ampliar la vía de servicio en la N-111 (carretera de Soria) se valoraron entre 55 y 60 euros el metro apenas dos años antes e incluso un informe pericial de parte de los propios acusados sobre la valoración de los terrenos los tasaba en 40 euros el metro cuadrado.

La expropiación pública para la ampliación de la carretera N-111 del año 2011 es uno de los principales argumentos de la demanda: I. M. B., jefa del Catastro de Rústica, formó parte del Jurado Provincial de Expropiación como vocal ponente, por lo que, según la querella, «influyó en la valoración de unos bienes determinados y, con posterioridad, en unión de varios compañeros de servicio, acude a la subasta pública de esos mismos bienes y otros cercanos, pero cuya valoración económica depende en muy buena medida del justiprecio de dicha expropiación». «Lejos de su obligación de abstenerse para preservar la imagen de imparcialidad de la función pública -continúa la denuncia-, interviene directamente en un asunto en que su actuación anterior había sido determinante con el único fin de obtener un rendimiento económico».

La querella argumenta que todos los acusados actuaron «de forma conjunta». En este sentido, las fincas adquiridas forman una amplia zona de terreno en el polígono 3 de Nalda, lo cual «incrementa el valor económico del mismo y evidencia la clara actuación comanditaria de los querellados». «Muestra de dicha coordinación -continúa la denuncia- es que, además de compañeros de trabajo, mesa con mesa, son íntimos amigos y actúan con los mismos letrados y procuradores».

La conclusión principal de la querella es que «el señor J.M.M.A, casado en gananciales con la señora I.M.B, así como el señor T.S.M. y M.A.B. G., tuvieron conocimiento de la subasta de las parcelas, las que adquirieron por un precio irrisorio, a sabiendas del justiprecio que la jefa del Catastro de Rústica, junto a los compañeros querellados también funcionarios públicos, habían marcado con anterioridad, conformando un plan metódicamente estudiado y actuando en comandita».

Fuente: larioja.com

http://www.larioja.com/la-rioja/201602/17/justicia-investiga-funcionarios-catastro-20160217003445-v.html