La justicia aprecia indicios de delito en las cuotas participativas de la CAM

La antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) va a continuar bajo el foco judicial por la gestión irregular que realizaron sus antiguos gestores, encabezados por el expresidente Modesto Crespo y quien fuera su mano derecha, el exdirector general Roberto López Abad. El último caso que van a tener que afrontar es el de las llamadas cuotas participativas (con las que obtuvo 202 millones de euros), pese a que parecía haber concluido.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una resolución conocida ayer, ha enmendado la plana a la última instructora, la juez Carmen Lamela, que archivó la causa en marzo. Contó con el respaldo de la Fiscalía, al entender que de haber existido alguna irregularidad penal sería en todo caso aislada y, por lo tanto, correspondería depurarla en la jurisdicción provincial. A esa tesis se unieron también la fundación que se hizo cargo de la obra social de la CAM y también el Banco Sabadell, que recibió el negocio bancario de la caja por el precio simbólico de un euro tras ser rescatada en 2011 mediante 5.249 millones de euros de dinero público. Pero la asociación de usuarios bancarios Adicae, que ejerce la acción popular, recurrió con otros afectados aquella resolución. Lo hizo bajo el argumento de que las diligencias practicadas eran «claramente insuficientes», además de no haberse completado, por lo que resultaría imposible determinar si existe o no delito. Una vez revisada su apelación, y con ella también distintos documentos de la propia CAM y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obran en la causa, la instancia superior de Lamela les da ahora la razón e incluso la reprocha que se contradiga.

La juez señalaba en su resolución que la CNMV no había detectado «ninguna irregularidad relevante en la comercialización de las cuotas participativas de la CAM entre la clientela minorista de la entidad».

Sin embargo, dentro de los fundamentos jurídicos la propia Lamela mencionaba un primer informe del regulador del mercado que data de mayo de 2008, donde se hablaba de «temas delicados» en relación a esos polémicos productos financieros, entre ellos que el tramo de inversores cualificados (31%) resultaba «poco significativo». Por contra, la parte que incluía a los inversores minoristas y jubilados (69%) era «excesivo para la complejidad del producto»; de hecho, a los primeros se les terminaron colocando el 65,6% de esas cuotas y a los segundos el 3,4%.

Sin test de idoneidad
La CNMV insistió un mes después a los responsables de la caja que seguía habiendo «irregularidades», entre ellas «la existencia de contradicciones» entre su informe de valoración interna y el que se había terminado enviando al regulador. Para solventarlo, la entidad financiera incluyó en el folleto de sus cuotas la mención a posibles «riesgos» e hizo constar «la necesidad de que los inversores fueran sometidos a un test de conveniencia» pero no el de «idoneidad» que había demandado la CNMV. El problema es que dicho documento no se entregó a los clientes, según los denunciantes.

De hecho, un exconsejero de la CAM llegó a testificar que recibieron la instrucción interna, «expresa y de forma deliberada», de «omitir» que se trataba de un producto de riesgo. «Había que colocarlas de la forma que fuera», dijo al juez, y «convencer» a los clientes que tenían sus ahorros en plazo fijo de traspasarlos a cuotas participativas.

No consta, además, que en las diligencias practicadas se haya verificado el perfil real de esos 55.000 inversores, algo que la Sala de lo Penal ve «imprescindible» a la vista de que hablamos de compradores sin experiencia en productos complejos y que «no fueron alertados del riesgo».

Fuente: larioja.com
http://www.larioja.com/nacional/201606/23/justicia-aprecia-indicios-delito-20160623003707-v.html