La banca española, con patente de corso judicial

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente sobre un asunto de importante repercusión mediática y social como son las cláusulas suelo de las hipotecas. Su opinión, no vinculante pero claramente ilustrativa de hacia donde puede ir el fallo definitivo del tribunal europeo, viene a ratificar el pronunciamiento del Tribunal Supremo español que establecía la retroactividad limitada en el tiempo en la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

La decisión del abogado general de la Unión Europea ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados por este tipo de productos financieros y entre los juristas de nuestro país la sorpresa ha sido mayúscula. Y es que resulta bastante difícil de explicar, no ya a nuestros clientes, sino a los ciudadanos en general, que la Justicia es igual para todos. Lo cierto es que pronunciamientos como el que hemos conocido se ríen de quienes defendemos la aplicación de la ley íntegra, y en todos los casos, y de los que abogamos porque los jueces no pueden, ni deben, saltarse la ley en temas como las ejecuciones hipotecarias.

Total, que ahora se nos está diciendo que, según quien seas, te aplicarán la ley de una forma u otra, amparándose en este caso como argumento para no reconocer la retroactividad total en las ‘supuestas repercusiones macroeconómicas’ que conllevaría la devolución de todo lo cobrado de más por cláusulas suelo. Estamos ante un eufemismo que esconde una realidad bien distinta: si eres poderoso, como lo es la banca, y metes la pata, y de qué manera, te indultamos.

A los juristas nos tratan de consolar señalando que, efectivamente, teníamos razón en impugnar las cláusulas suelo, reconocen que los ciudadanos tienen razón en solicitar su eliminación, pero, en lugar de aplicar la nulidad desde el principio del contrato, a las entidades financieras les van a aplicar, qué casualidad, una excepción o indulto parcial y solo tendrán que devolver el dinero cobrado desde mayo de 2013. Y todo ello pese a que nuestros bancos han actuado mal y están en juego millones de euros de los afectados.

Este trato privilegiado, y sin sentido, únicamente tiene en cuenta el perjuicio de la banca de tener que devolver 5.000 millones de euros (por lo visto, ya saben que todos los afectados reclamarán y todos ganarán), pero no el daño a los ciudadanos que han perdido ni más ni menos que esa misma cantidad de millones por la aplicación de una cláusula que declaran abusiva y nula.

Desgraciadamente, lo sucedido no es un hecho aislado, sino uno más en la larga cadena de ‘mimos’ con los que se cuida al sector bancario. Dejando de lado su rescate, que puede parecer correcto, lo cierto es que ya se les ha librado de responder penalmente por las participaciones preferentes porque los tribunales han dicho que no existe estafa en su comercialización. Y recientemente nos hemos encontrado con que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha abierto expediente sancionador a varios colegios de abogados por cumplir la ley y emitir informes no vinculantes a requerimiento de los juzgados sobre los importes de las costas judiciales. En este último asunto, resulta curioso que quien lo ha denunciado, en este caso Bankia, ha utilizado este mismo sistema para hundir aún más si cabe a los ejecutados hipotecarios aplicándoles sin ningún miramiento el importe íntegro de las costas como deuda.

Además de indignante, o precisamente por ello, esta situación de privilegio de la banca es muy peligrosa debido a la inseguridad jurídica que genera y, más aún, porque alienta posicionamientos radicales que defienden que las instituciones amparan a unos frente a otros.
Ahora solo nos cabe esperar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie de forma diferente, aunque, sinceramente, lo veo bastante difícil porque la opinión del abogado general de este órgano judicial europeo suele anticipar el sentido del fallo. Pero, sobre todo, lo que esperamos es que alguien haga entrar en razón a quien está deslegitimando la acción de la Justicia y nos está poniendo muy difícil su defensa a los que aún queremos creer en ella.

Tribuna del director jurídico de Gómez Garrido Abogados, Javier Gómez Garrido, publicada en diario La Rioja