El Gobierno no logra controlar a los administradores concursales

El decreto que pretendía controlar los sueldos y el acceso a la profesión de los gestores de concursos no se ha aprobado ante la oposición del sector y las diferencias entre los ministerios de Economía y Justicia.

El decreto que pretendía controlar los sueldos y el acceso a la profesión de los administradores concursales se ha quedado en el tintero. La oposición del sector y las diferencias entre el Ministerio de Economía y el de Justicia han impedido que el real decreto

que desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal se haya aprobado en la recientemente acabada legislatura, según fuentes conocedoras del proceso, a pesar de las críticas y denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ante los tribunales que han ocasionado las actuaciones de jueces y administradores concursales. A esto se suman las sentencias que inhabilitan a administradores concursales (ver información adjunta).

Economía retrasó y matizó en verano el reglamento de control de los gestores de concursos que quería aprobar de forma exprés en el que pretendió que los grandes despachos y auditoras gestionen las quiebras millonarias. Así se decidió en una Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que Moncloa y Justicia impusieron su tesis frente a Guindos, trasladan las fuentes citadas. De esta forma, el Estatuto de la Administración Concursal se tramitó como Real Decreto, y el Gobierno tenía previsto aprobarlo en otoño, pero las críticas del sector y las diferencias internas del Gobierno han impedido su aprobación.

El texto, a cuyo último borrador ha tenido acceso EXPANSIÓN, permitía que un rango mayor de despachos, entre ellos, medianos, opten a la gestión de los concursos más grandes. Además, el proyecto de decreto de Justicia preveía que la entrada en vigor del nuevo régimen se produzca tras un régimen transitorio, con lo que no sería plenamente efectivo en 2017.

Actualmente, los jueces designan a los administradores concursales. El CGPJ ha recibido denuncias por la posible incompatibilidad en la que incurren jueces de lo Mercantil que adjudican a dedo la administración de empresas quebradas a despachos de abogados que patrocinan conferencias, cursos y congresos a los que asisten esos mismos magistrados con los gastos pagados. Las quejas y denuncias también señalan que muy pocos administradores gestionan la mayoría de los grandes concursos y, a veces, acumulan tantos que no pueden tramitarlos con diligencia.

El borrador planteaba cambios en este sistema con el fin de aumentar los controles. Los concursos los designará el juez, que deberá motivar su decisión, a partir de un Registro Público de Administradores Concursales y de unos requisitos de formación y medios a la hora de poder gestionar los concursos grandes, medianos o pequeños, que la norma determina. Las prisas de Economía al ver que la tramitación del Reglamento se retrasaba le llevaron a introducir una enmienda en la Ley de segunda oportunidad en el Congreso, en la que estableció un tope salarial para los administradores, cuya retribución será de 1,5 millones o el 4% de la masa activa del concurso, la cifra más pequeña de las dos. Esta enmienda se reflejaba también en el borrador de Estatuto, pero con más efecto al verse acompañada de más medidas de control.

El último borrador de Estatuto de la Administración Concursal preveía una importante novedad: además de ser titulado universitario de una rama jurídica o económica y acreditar cinco años de experiencia y formación continuada, los administradores concursales deberían hacer un examen oficial para poder ejercer. Consistirá en una prueba escrita sobre la administración concursal en un concurso de tamaño medio.

Coto a sueldos millonarios y examen de acceso

El último borrador de Estatuto de la Administración Concursal introdujo una importante novedad: además de ser titulado universitario de una rama jurídica o económica y acreditar cinco años de experiencia y formación continuada, los administradores deberían hacer un examen oficial para poder ejercer. Consistirá en una prueba escrita de contenido teórico y práctico sobre la administración concursal en un concurso de tamaño medio, con un 60% de preguntas comunes y un 40% según la especialidad.
El comité examinador estaría formado por un juez de lo Mercantil y un catedrático de Derecho Mercantil designados por el CGPJ; un catedrático de Economía y un funcionario del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; un abogado designado por el Consejo General de la Abogacía; un economista designado por el Consejo de Economistas, y un auditor a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Los colegios citados se encargarían de la infraestructura y podrán cobrar a los aspirantes.
Superado el examen, los administradores se inscribirán en el Registro Público Concursal, para lo que se les exigiría que acreditaran que realizan 40 horas de formación al año.
Los concursos los designará el juez a partir del Registro Público y de unos requisitos de formación y medios.

Fuente:expansion.com
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/01/12/56954de322601de55d8b4626.html