Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo:

“El Consejo General del Poder Judicial ya puso de manifiesto en su acuerdo de 23 de enero de 2014 que, en un Estado Democrático de Derecho, los/las jueces/juezas y magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática.

En el mismo acuerdo se recordaba que la confianza pública de que los/las jueces/juezas y magistrados/as puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales.

Desde esta perspectiva, el Consejo General del Poder Judicial debe advertir ahora que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces/juezas y magistrados/as en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces/juezas y magistrados/as”.